Entendemos que este modelo es necesario, principalmente, para los pequeños municipios sin una estructura, organización ni especificidades complejas, a pesar de que puede ser utilizado, como documento base, para municipios de mayor dimensión.

La Ordenanza debe regular, fundamentalmente, las obligaciones de publicidad activa, acceso a la información pública, procedimientos y plazos, unidades municipales de transparencia, y principios de gobierno abierto: participación y evaluación de políticas públicas.

El Título II de la LT establece los principios de buen gobierno que deberán observar las personas comprendidas en su ámbito de aplicación. A pesar de que la LT no exige la elaboración de un Código de Buen Gobierno, en tanto en cuanto algunas leyes autonómicas así lo han previsto, resultaría conveniente que los entes locales elaboraran un código de conducta de sus altos cargos y determinaran las consecuencias de incumplirlos. Es, por tanto, recomendable, la redacción de un código estándar, que puedan utilizar los entes locales como garantía de la máxima homogeneidad en una materia especialmente importante y delicada.

La nueva regulación del derecho al acceso a la información pública, que supone un cambio radical en esta materia, así como la complejidad de equilibrar las obligaciones de transparencia con la posible afectación de datos protegidos y derechos de terceros, hace altamente recomendable la redacción de una guía en esta materia con el objeto de que los entes locales actúen con seguridad en estos procedimientos. Cuestiones como las causas de inadmisión, los límites y el procedimiento que se debe seguir ante las peticiones de los ciudadanos, tendrían que estar claramente desarrolladas.

Tanto la Ley de Transparencia estatal como algunas de las leyes de transparencia aprobadas a nivel autonómico defienden el gobierno abierto como uno de los principios de actuación de la administración pública, fomentando la participación y la colaboración ciudadanas en la toma de decisiones públicas y en el seguimiento y la evaluación de la aplicación de estas decisiones. Concretamente, la Administración Pública tiene que establecer procedimientos de participación y colaboración ciudadana en la elaboración de planes y programas de carácter general y en la definición de las políticas públicas más relevantes.

Por tanto, la normativa, más allá de proclamar principios de actuación, establece obligaciones concretas. Conviene, por tanto, dotar a los entes locales de instrumentos, guías y protocolos de actuación para la previsión, preparación, organización, logística, tramitación y evaluación de procesos participativos.